Seguramente, cuando los padres de la Constitución, en su artículo 27.5 indicaban que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación…”, estaban teniendo en cuenta las dificultades económicas que pueden tener multitud de estudiantes para el acceso a la educación superior universitaria. Sin embargo, bien es cierto que 40 años después de dicha Constitución ningún gobierno ha sido capaz de dar ese soporte económico adecuado a la totalidad o la mayoría de los estudiantes universitarios.

Cada vez son más los estudiantes que, por causas económicas, han de abandonar sus estudios universitarios, bien porque el alto precio de las matrículas de su área les impide acceder a la Universidad, o bien porque  por la inexistencia de los estudios que desean realizar en su región les obligaría a soportar unos gastos adicionales de vivienda y manutención que no son capaces de alcanzar.

A esto además se suma la desigualdad brutal de los costes de las tasas universitarias entre las diferentes comunidades autónomas: Desde los más de 27 €/ECTS en la Com. de Madrid, Castilla y León y Cataluña, a los menos de 15 €/ECTS en Galicia, Cantabria y Andalucía (datos del curso 2017/2018 de las carreras de ingeniería). Esto es lo mismo que decir que van desde los más de 1.620 €/año a los menos de 900 €/año; y eso suponiendo todas las asignaturas en 1ª matrícula. Comparado con el salario medio de los españoles (1.878,10 €-bruto/mes en 2016), esto significa entre un 4,5% y un 8,5% del salario anual de una persona (sin considerar que este es un valor muy sesgado por los salarios más altos). Esta desigualdad de precios no parece responder ni a los diferentes costes de la vida en las distintas regiones (comparen por ejemplo el nivel de vida de Madrid y Zamora), ni a la calidad de la enseñanza (que en cualquier caso debería ser máxima siempre).

Todas estas trabas económicas provocan una pérdida del potencial de las personas que, queriendo y siendo capaces de sacar adelante una carrera de ingeniería, en concreto de la Rama Industrial, no ven económicamente viables esos estudios, teniendo que decantarse por otros estudios universitarios o de formación profesional para los cuales no están tan bien motivados o dotados.

Por todo esto, desde la AERRAAITI se urge a las instituciones públicas (tanto nacionales como autonómicas) a trabajar en un sistema de reparto de becas justo, que trate de buscar la igualdad de oportunidades para el reparto de las becas. Para ello, desde la AERRAAITI, como entidad formada por los representantes de estudiantes de los Grados de Ingeniería en la Rama Industrial, entendemos que los pilares en lo que debe basarse este reparto son los siguientes:

  • Existencia de becas de movilidad en todas las Comunidades Autónomas que sufraguen la mayoría o totalidad de los gastos ocasionados a un estudiante cuando se tenga que desplazar a otra localidad para cursar unos estudios universitarios que no existan en la suya, evitando así que se obvien esos estudios por razones de lejanía.
  • Que las tasas académicas en las diferentes regiones se fijen en función del nivel de vida relativo a cada comunidad autónoma, y en especial del sector de los jóvenes, y siempre justificando con total transparencia la cuantía de las diferentes tasas académicas de acuerdo a los costes directos y/o indirectos que de ello derivan las tasas. De esta forma se haría más justa la relación entre gastos e ingresos de las familias a la hora de sufragar los costes académicos universitarios
  • Que el sistema de becas tenga en cuenta, en su fracción no básica, los requisitos académicos, sociales y económicos de los estudiantes de forma directa y en relación a su grupo sectorial de estudiantes. Así, el sistema de becas premiaría de una forma más acentuada a aquellos que, o bien han tenido más dificultades ajenas a sus esfuerzos para la consecución de sus estudios, o han obtenido un mayor rendimiento académico.

Y para que todo esto sea posible, desde la AERRAAITI creemos necesario que desde las instituciones públicas se trabaje junto con los estamentos estudiantiles, amén de con otros grupos implicados, de forma que se llegue a una solución de consenso, igualdad y justicia para todos. Entre todos tenemos que se capaces de conseguir que ningún estudiante tenga que abandonar o siquiera no entrar en los estudios universitarios por razones económicas. Ese es el “Objetivo 0”.